En esta jornada, que se celebrará en Málaga y Sevilla el 6 y 7 de mayo respectivamente, analizará la situación actual de la depuración de aguas residuales en municipios de menos de 2.000 habitantes, los sistemas de tratamiento indicados, así como su marco legal.
En España, de los más de 8.000 municipios existentes, cerca de 6.000 cuentan con una población menor de 2.000 habitantes. Desde el 1 de Enero de 2006, las aglomeraciones urbanas menores de 2.000 habitantes equivalentes, que vierten a aguas continentales o estuarios y que cuentan con red de saneamiento, están obligadas a someter a sus aguas residuales a un tratamiento adecuado (Real Decreto Ley 11/1995).
La carga contaminante sin depurar en núcleos de población con menos de 2.000 h-e se estima entre 3 y 4 millones de habitantes equivalentes para toda España. Aunque esta carga representa un pequeño porcentaje del total, el número de aglomeraciones a que corresponde se ha estimado en más de 6.000, muchas de ellas menores de 500 habitantes equivalentes.
Se debe hacer un esfuerzo para corregir las deficiencias en saneamiento y depuración en este tipo de poblaciones, al objeto de cumplir con la normativa vigente. Pero hasta el momento no se ha prestado especial atención al diseño de las estaciones depuradoras de núcleos en este rango de población., por ser prioritario resolver este problema en las grandes aglomeraciones. Es ahora cuando se empieza a dedicarles a este tipo de instalaciones la atención que se merecen. El diseño y explotación de las plantas depuradoras ubicadas en pequeños núcleos deben acometerse con el mismos rigor que se aplica en las grandes instalaciones pero, además, se hace preciso adoptar criterios específicos por la problemática intrínseca de este segmento poblacional: fuertes fluctuaciones diarias de los caudales y cargas a tratar, escasez de medios técnicos y económicos de las corporaciones locales, ausencia de economía de escala, mayor exigencia en la integración paisajística, etc.
La jornada, organizada por Instituto Didactia, cuenta con la colaboración del Colegio de Ingenieros de Caminos, C. y P. de Andalucía, Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles, tanto de Andalucía Occidental como Oriental y la Fundación CENTA.
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